El artículo 19 del Código Civil, considera que la existencia de la persona comienza con la “concepción”. Para muchos juristas, eso no debe influir. Ricardo Gil Lavedra, por caso, en su exposición ante el plenario de comisiones de Diputados, había señalado que “no hay cepo constitucional ni convencional”.

Ahora, por iniciativa de Franja Morada, las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se pronunciaron a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 

El consejero por Franja Morada Juan Francisco Petrillo, fue claro durante la reunión de las máximas autoridades, en las que pidió sentar una postura, lo que finalmente ocurrió.  

“Si este Consejo Directivo prefiere callar ante los debates nacionales para los cuales está llamado a aportar su visión laica, responsable, académica y científica, entonces bien podemos olvidarnos de lo que nos enseñaron los reformistas del 18 porque las creencias personales y los negacionismos le han ganado la pulseada a la ciencia”, expresó.

Además, Petrillo remarcó que “organismos internacionales como la ONU la CEDAW, el Comité Contra la Tortura y UNICEF han recomendado a la Argentina la despenalización y legalización del aborto”.

A su turno, el consejero por graduados Leandro Martínez, también en representación de Franja, reconoció que no pueden manifestarse permanentemente sobre cuestiones que ocurren en el país.

De todas formas, afirmó que sí pueden decir algo. “Creo que las competencias surgen de las bases de este estatuto”, aseguró, y agregó: “Estamos hablando de legislación penal”.

En el documento, el Consejo Directivo afirma que “la libertad es uno de los pilares básicos de la democracia. Pero el Estado Argentino impone un límite, restringiendo las libertades individuales de determinadas personas únicamente por su condición de gestantes”. 

Entre otras cosas, dejaron en claro que la criminalización, "lejos de disminuir la cantidad de abortos, lleva a la clandestinidad y obliga a interrumpir los embarazos de maneras inseguras, reproduciendo las desigualdades en términos de género y clase". 

Por último, destacaron que “los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y por ende el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas para garantizarlo”.