Desde el proyecto de ley que limita la responsabilidad del Estado y de los funcionarios hasta las concesiones que hizo con temas de fondo, como dejar sin efecto práctico la fertilización humana asistida o negar el derecho al agua, el gobierno rompió el consenso.

El proyecto inicial preparado por un conjunto de juristas de prestigio que ingresó para el debate al Congreso nacional sufrió graves amputaciones por parte de un Poder Ejecutivo perseguido por el magro resultado de las últimas elecciones.

La UCR, que ha demostrado su voluntad de acompañar el debate apostando fuertemente al consenso y trabajando con vocación, expresa su límite y advierte que no será cómplice de una garantía de impunidad para el gobierno más corrupto de la Historia.

Los bloques legislativos de la UCR anuncian que llevaran a los recintos de las Cámaras un proyecto propio. La Argentina merece un cuerpo normativo que valore su diversidad, otorgue mayor autonomía de la voluntad, más derechos y acciones positivas para la protección de las personas.

Concretamente, el radicalismo rechaza normas defendidas por el oficialismo en su dictamen y propone un cuerpo normativo que incluya:

  1. Principios liminares de la responsabilidad del Estado y los funcionarios. El FPV con una ley que exime de responsabilidad quita el tema del Código;

 2. El derecho al agua. El oficialismo no lo incluye;

 3. Los derechos de las comunidades aborígenes respetando y estableciendo los mecanismos de participación en la toma de decisiones que los afectan, garantizando su cosmovisión y diversidad cultural. El oficialismo limita a las personas jurídicas;

 4. La concepción de Persona a los “embriones implantados” en el útero de la mujer por Técnicas de Fertilización Humana Asistida (TFHA). Si bien el oficialismo afirma que las TFHA quedan resguardadas por los artículos 560 y 561, la desaparición en el artículo 19 de la figura de la “concepción desde el momento de la implantación del embrión en la mujer”, hace que las mismas queden sin efecto práctico.

5. Adopciones adecuadas a los derechos de niños/as, con un sistema de garantías y procedimientos sistemáticos que termine con la discrecionalidad y las arbitrariedades. El oficialismo mantiene restricciones respecto a la participación de niños/as en el proceso, pone límites a la edad para consentir la adopción y para conocer sus orígenes, lo que implica un retroceso con los principios emanados por la ley 26.061;

6. Legislación sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El FPV mantiene el concepto de “incapacidad”;

7. Normas sobre derechos individuales de incidencia colectiva. El oficialismo restringe los derechos ciudadanos, desconociendo los derechos de incidencia colectiva.

8. Quitar la norma que pesifica las deudas en moneda extranjera. El gobierno pretende que quien se endeudó en dólares cancele al cambio oficial. 

Fuente: http://www.ucrcapital.org.ar/noticias_detalle.php?id=7499