Por Piera Fernández De Piccoli (*)
Hay un motivo por el cual Hipólito Yrigoyen recibió y acompañó a los estudiantes reformistas en 1918. Es el mismo motivo por el cual durante décadas se defendió la autonomía universitaria ante todos los gobiernos. La misma razón por la cual se fundó la Franja Morada para resistir al golpe de Onganía que entraba con bastones a las universidades nacionales para expulsar a golpes a los científicos de nuestro país.
Arturo Illia implementó el presupuesto educativo más alto de nuestra historia, que le daba el 6% del PBI que tanto reclamamos hoy. Es el mismo por el que Alfonsín priorizó la democratización de las universidades nacionales, y por el que la Franja Morada encabezó las movilizaciones contra la Ley de Educación Superior, en los ’90, y contra López Murphy, en el 2001.
Esa razón fundamental es que la educación pública nos hace libres e iguales. Es, por excelencia, una herramienta de movilidad social ascendente. La construcción de una sociedad más libre e igualitaria constituye la razón de ser de nuestro partido.
La universidad pública argentina representa para cientos de jóvenes (y no tan jóvenes) la posibilidad de un futuro mejor. Sin embargo, hoy en día esa expectativa de progreso está nuevamente en riesgo. La educación sufre un ataque directo por parte del Gobierno nacional. Probablemente se trate de una de las crisis más graves que nos toca enfrentar como sistema universitario desde el regreso de la democracia.
Esto sucede por tres motivos:
En primer lugar, la situación presupuestaria. En un contexto de inflación interanual del 276%, las universidades cuentan con un presupuesto prorrogado. Es decir, se dispone de los mismos fondos que en enero de 2023. El Gobierno envió un 70% que resulta absolutamente insuficiente para poder afrontar los gastos de funcionamiento.
Las instituciones no saben cómo van a afrontar el pago de los servicios, los insumos y los artículos en los próximos meses. A esto se le suma el conflicto salarial docente y no docente, cuando los trabajadores universitarios ya han perdido más del 30% de su poder adquisitivo en tres meses. El Gobierno tampoco está enviando partidas específicas para obras, investigación, extensión, hospitales universitarios, entre otras.
En segundo lugar, el impacto de la crisis en el bolsillo de los estudiantes. En menos de un mes, el boleto de colectivo pasó a valer $700 en Córdoba; $800 ,en Tierra del Fuego: y $1000, en Tucumán. El alquiler de un monoambiente ronda los $175.000 en Mendoza y supera los $220.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Un menú del comedor aumentó a $2.400 en Santa Fe y a $1.800 en La Pampa. Los servicios, los apuntes y la comida aumentaron, y el Gobierno Nacional aún no abrió convocatoria a las becas Progresar. Esta situación está poniendo en riesgo de manera directa el acceso y la permanencia en la universidad.
En tercer lugar, y no menos importante, está el plan explícito de este Gobierno. Todo lo público tiene para el Presidente un carácter “criminal”. La educación pública no está exenta. Días atrás, durante un acto en una escuela porteña, la calificó como un “mecanismo de lavado de cerebros”. A su vez, distintos funcionarios caracterizan a las universidades como “cajas negras de la política” de manera infundada.
Hay una clara decisión política de ataque a las universidades, en particular, y a la educación pública, en general. La situación de asfixia representa una condición necesaria para poder avanzar en su verdadero plan educativo: el arancelamiento mediante una política de vouchers. Esa estrategia ya fracasó en el mundo por demostrar, entre otras desventajas, una profundización de las desigualdades.
En el medio, las reformas educativas más necesarias siguen esperando. La escuela necesita una urgente inversión en infraestructura, capacitación docente y la profundización de los contenidos para garantizar la comprensión de textos y la realización de operaciones matemáticas. Las universidades avanzan, con mucho esfuerzo, en el fortalecimiento del acceso, la permanencia y el egreso, en la promoción de carreras de menor duración y en potenciar la ciencia y la tecnología. Pero todo esto es imposible sin presupuesto. Es imposible sin la decisión política de cuidar, fortalecer y promover la educación pública, libre, gratuita y de excelencia.
Argentina está inmersa en una crisis política, social y económica que se agudiza cada día. Sin lugar a dudas, esto es producto de múltiples factores. Uno fundamental son los reiterados errores por parte de la dirigencia política en los últimos años. Esto llevó a que la población eligiera un cambio abrupto en búsqueda de dar vuelta la página. Pero, ¿es posible salir de la difícil situación en la que estamos como país si no invertimos en educación pública?
El radicalismo debe ponerse a la vanguardia de la defensa de la educación pública por esa razón fundamental. Queremos construir una sociedad mejor y sabemos que solo es posible mediante la educación. Debemos comprender que la batalla más importante es, justamente, la de cuidar y fortalecer ese prestigio que tiene la universidad. Debemos defender su valor público trascendental, su rol transformador. Solo a través de una educación pública de excelencia e inclusiva vamos a poder construir esa Argentina libre y de iguales que tanto anhelamos. No es más. ni menos, que nuestra responsabilidad histórica.
(*) Presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) , militante de la Franja Morada y la Juventud Radical.