El presupuesto 2025 ya está en Diputados y los legisladores todavía analizan el detalle fino de cada uno de los puntos. En el marco de la crisis universitaria, el ojo está puesto en la suma de dinero que se prevé destinar a la educación superior. 
La diputada nacional Mariela Coletta, ex auditora de la Ciudad y quien fuera presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dialogó con Espacio Radical sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo.

¿Cuál es la primera mirada sobre el presupuesto? 
Todavía estamos estudiando el presupuesto, escuchando a expositores y nos encantaría que el Ministro de Economía (Luis Caputo) viniera a Diputados a explicar el proyecto y poder tener un ida y vuelta con las dudas que surjan del análisis. Lamentablemente, el Gobierno parece dar una vez más la espalda al pedido de los legisladores. 
Lo primero que vemos es que el Gobierno se centra en el déficit cero y eso es algo que todos queremos, pero no a costa de generar más pobreza, exclusión y desempleo. Esto ya lo estamos viviendo con otras políticas del oficialismo y el presupuesto que presentó el gobierno va en ese sentido. 
Ya vimos a qué espacios apunta el ajuste: a las asignaciones familiares, a la clase media, a los jubilados, a la educación en general y desde ya que continúan con la idea de hundir a las universidades. Son todas cosas que se reflejan en el presupuesto. 
No hay ninguna muestra de acompañamiento a los jubilados. Solo si hay superávit, ¿pero qué pasa si no? Los jubilados seguirán siendo variable de ajuste mientras los más ricos pagan menos impuestos.

¿Qué fondos se le asignan a las universidades? 
La educación sigue sin estar en la agenda: el presupuesto del área caerá en 2025 y hay un ataque explícito a las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había estimado que se necesitaban unos $ 7,2 billones para que las universidades funcionen correctamente. En el presupuesto presentado, el Gobierno contempla  $ 3,8 billones, que es poco más de la mitad. Y no incluye la recomposición salarial de docentes y demás trabajadores necesarios para que funcionen las universidades públicas de todo el país. 
Ya con el veto vimos cómo la educación pública no es prioridad con el peso del ajuste sobre los docentes. Si se aprueba el presupuesto que el Gobierno presentó, las universidades no van a poder funcionar el año que viene. Ya lo saben y parece que apuntan a destruir millones de oportunidades de jóvenes argentinos. 
Además, el proyecto suspende la obligación de que el presupuesto destinado a Educación no sea inferior al 6% del PBI.

¿Cómo les cae que Caputo no se presente en el Congreso? 
Es otro funcionario que está incumpliendo parte de su función. Venir al Congreso a explicar los proyectos no es un capricho o una ocurrencia excéntrica de los diputados, sino que es lo que correspondería hacer, y más para algo tan importante como el presupuesto. Pero el Gobierno parece más interesado en cumplir tajantemente sus ideas, sin dar importancia a los mecanismos democráticos ni debatir con los otros poderes. El intercambio es sano y  es para mejorar los proyectos, para que todos los argentinos podamos vivir mejor. Insisto: no dan espacio para el debate sano. Cualquiera que cuestione cualquier punto de una propuesta oficialista se convierte en blanco de agresiones y violencia infundada.

¿Sospechan de una estrategia del Gobierno para que no se le apruebe el presupuesto y seguir prorrogando el de 2023? 
Esperemos que no. Haremos lo posible para evitarlo porque el país necesita un presupuesto claro para funcionar. No hay antecedentes de que se prorrogue dos veces un presupuesto, no está previsto en la Ley de Administración Financiera. Además, correríamos el riesgo de continuar a la deriva de un Gobierno que, discrecionalmente, hace y deshace sin fundamentos, sin seguir objetivos y sin el control parlamentario que le corresponde al Congreso, que tiene en sus funciones principales la sanción de esta herramienta fundamental para la gobernanza como es la ley de leyes.