Buscan prohibir la tracción a sangre en toda la Provincia de Buenos Aires
La legisladora Flavia Delmonte propone crear el Programa de Sustitución y Prohibición de Vehículos de Tracción a Sangre Animal para erradicar el uso de animales en actividades como el transporte, la recolección y el reparto en zonas urbanas.
Una imagen cada vez más común en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la de carros tirados por caballos, generalmente para la recolección de cartón o chatarra.
Con la idea de terminar con esa práctica, la senadora provincial del radicalismo Flavia Delmonte presentó un proyecto que busca crear el Programa de Sustitución y Prohibición de vehículos de Tracción a Sangre Animal, a fin de asegurar el resguardo animal, la seguridad vial, la salud pública y la promoción de empleo.
"La tracción a sangre representa una problemática social, económica y ambiental en todo el territorio bonaerense”, enfatizó Delmonte.
La iniciativa pretende erradicar el uso de animales en actividades como transporte, recolección y reparto en zonas urbanas, resguardando su bienestar a través de la promoción de su adopción responsable, así como la prohibición de su comercialización y explotación.
“A raíz de los sucesivos acontecimientos de maltrato animal, el último conocido en San Clemente del Tuyú, donde obligaron a un caballo a desencajar una camioneta en la arena, es imperioso dar una solución urgente a la utilización de animales en vehículos de tracción a sangre”, explicó.
La propuesta tiene como objetivo prohibir los vehículos de tracción a sangre animal, a excepción de los eventos históricos, tradicionalistas o folclóricos que cuenten con una autorización previa emitida por autoridades competentes.
"Resulta necesario implementar políticas públicas que atiendan las cuestiones sociales y éticas que subyacen de dicha actividad”, agregó.
Las sanciones para quienes incumplan la restricción incluirán el secuestro de los animales y multas. En paralelo, propone cursos de capacitación como alternativa a las multas en aquellos casos en los cuales los infractores no puedan costearlas.
Además, plantea conceder al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la ley en un plazo de 90 días, así como de coordinar su implementación con los municipios bonaerenses, a fin de encontrar el destino adecuado para los animales decomisados y realizar las previsiones presupuestarias necesarias para su correcta ejecución.
“Queremos promover un desarrollo social más justo y sostenible de nuestra comunidad, reconociendo la dignidad y los derechos de los trabajadores, y de los animales usados como vehículos de tracción a sangre”, concluyó.