Scarpín y Losada, representantes de la UCR santafecina en el Senado, solicitaron al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) información sobre el ciberataque sufrido. "Hacen volver a los jubilados a realizar trámites burocráticos", criticó el senador.

Los senadores nacionales santafesinos Dionisio Scarpín y Carolina Losada presentaron un pedido de informes para que se esclarezca el ataque cibernético producido al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

“Es una vergüenza que a más de 20 días del ciberataque reconozcan que no pueden funcionar y que hagan volver a nuestros jubilados a trámites burocráticos y a demoras que, en muchos casos, ponen en riesgo sus vidas”, expresó Scarpín.

El hackeo sufrido por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) el pasado 2 de agosto tomó conocimiento público días después a raíz de la Resolución 1093/2023 del INSSJP, en la que afirman "los sistemas informáticos del INSSJP han sido vulnerados como consecuencia de un incidente informático conocido como ransomware RHYSIDA".

"Esta forma tan poco empática de manejarse solo genera maltrato a las personas mayores que acuden al sistema porque están en una situación de vulnerabilidad y se encuentran con una muralla que los vulnera aún más”, afirmó el senador.

La misma resolución también comunica que producto de este incidente se vieron afectados todos los sistemas propios del Instituto, los que resultan imprescindibles para el correcto funcionamiento de esta persona jurídica no estatal. El INSSJP, en tanto, realizó la denuncia penal correspondiente, la cual tramita en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del INSSJP y su PAMI.

Además de conocer el daño producido, la solicitud de los senadores apunta a saber cuál es el nivel de resguardo y protección de la información contenida en los servidores afectados de la entidad y cuáles son las medidas adoptadas a fin de hacer operable nuevamente los servicios del INSSJP.

“Estos ataques afectan directamente a la protección de datos personales, y en este caso en particular, de la población más vulnerable”, alertó.

Es importante mencionar que el grupo de ransomware Rhysida pedía la suma de 25 bitcoints (equivalente a US$650.000) para no publicar los datos secuestrados en el ciberataque.

Ante la negativa de pago por parte del Gobierno, los ciberterroristas publicaron 831 GB de datos, es decir, más de 1,6 millones de archivos en la deepweb y amenazan con continuar haciendo públicos más documentos en caso de que el Gobierno nacional no abone el rescate.

“Estas situaciones dejan expuestas las decisiones inadecuadas adoptadas por su administración, que no previó acciones respecto de la seguridad de los sistemas, del resguardo de datos y eficiente operatividad del Instituto”, sentenció Scarpín.

El senador apuntó, también, contra la titular de PAMI, Luana Volnovich: "Dadas las sospechas de corrupción que hay sobre la directora Ejecutiva, no podemos descartar que lo sucedido haya tenido como objetivo borrar maniobras irregulares y fraudulentas”.