Sobre el reciente proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional que propone implementar un "divorcio simplificado" en sede administrativa, sin intervención judicial, es importante considerar algunas cuestiones. Aunque la propuesta pueda sonar atractiva por su promesa de agilizar y abaratar los divorcios, esta simplificación puede significar un grave retroceso en la protección de derechos fundamentales.

El divorcio es mucho más que un mero trámite para disolver un vínculo matrimonial. Implica decisiones complejas con profundas repercusiones en el patrimonio, los bienes compartidos e incluso en los hijos. El proyecto pretende eliminar la judicialización de los divorcios de mutuo acuerdo, pero en ese intento pasa por alto el papel esencial que cumple el juez en este proceso. La intervención judicial no es un obstáculo burocrático, sino la garantía de que los derechos de ambas partes, especialmente de la más vulnerable, estarán protegidos.

En una relación de pareja, las dinámicas de poder y los desequilibrios patrimoniales no son infrecuentes. En muchas ocasiones, una de las partes puede encontrarse en desventaja, ya sea por falta de recursos, información o asesoramiento legal. Al excluir al juez de la ecuación, el proyecto abre la puerta a que estos desequilibrios se profundicen. Sin el control judicial, ¿quién garantiza que un acuerdo de divorcio sea justo y equitativo? ¿Quién protege a la parte que podría estar firmando sin plena comprensión de las implicancias legales a largo plazo? En lugar de resolver conflictos, este proyecto puede multiplicarlos.

Además, la propuesta de excluir la participación de abogados en el proceso genera aún más incertidumbre. Los abogados no solo representan a sus clientes, sino que también aseguran que estos comprendan cabalmente las consecuencias de las decisiones que están tomando. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a firmar un acuerdo de divorcio sin entender cómo afectará su futuro patrimonial? La simplificación, tal como está planteada, puede llevar a que muchos firmen acuerdos que, a la larga, les generen más problemas que soluciones.

Agilizar cualquier proceso es algo deseable, pero no a cualquier costo. Nadie está en contra de que los trámites se realicen de manera más rápida, siempre que no se sacrifiquen los derechos fundamentales en el camino. Actualmente, los divorcios de mutuo acuerdo se resuelven en semanas. 

¿Quién puede asegurar que la nueva burocracia administrativa que se propone crear será más eficaz y eficiente que la Justicia?

El Gobierno parece no haber hecho un diagnóstico adecuado del problema. En lugar de mejorar el sistema existente, esta propuesta genera más interrogantes que respuestas. Cuando nos enfrentamos a situaciones tan delicadas como el divorcio, la seguridad jurídica y la protección de derechos no pueden quedar relegadas a un segundo plano. Tras un divorcio se extinguen derechos y se crean otros, y este proceso debe ser acompañado por expertos que comprendan las complejidades legales.

Una vez más, esta iniciativa deja en evidencia el desconocimiento sobre las implicancias del divorcio en nuestro Código Civil y Comercial y la necesidad de tratar este tema de manera integral. Se debe considerar siempre la protección de la parte más vulnerable y asegurar que las decisiones tomadas sean justas, equilibradas y con pleno conocimiento.

Dr. Juan Pablo Zanetta, Director del Instituto de Consumidores del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal