Una de las políticas federales más importantes para el desarrollo de viviendas.

Por Soledad Carrizo (*)

Nuestro país convive con un histórico problema estructural de déficit habitacional que hoy alcanza a más de 4 millones de hogares argentinos. Los alarmantes indicadores del Censo 2022 ponen en evidencia no solo la falta de viviendas, sino también que 1 de cada 3 hogares no cuenta con una vivienda adecuada, que casi 8 millones de familias viven alquilando y casi 3 millones se alojan en una vivienda prestada.
Según la Encuesta Nacional de Inquilinos realizada en marzo de este año, se está destinando casi el 50 % de los ingresos en pagar el alquiler. En Córdoba, el dato es lamentable: 8 de cada 10 hogares se endeudan para pagar el alquiler cada mes.

En este contexto de complejidad social, en el que la pobreza alcanza el 50% de la población argentina y se dan un marcado crecimiento poblacional, el acceso a la vivienda se vuelve imposible. Esto reafirma la necesidad de revisar y reconducir las políticas públicas dirigidas al desarrollo habitacional que acompañen a la población más vulnerable.

El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) fue creado en noviembre de 1972 a través de la ley N° 19.929 con el objetivo de generar una masa de recursos destinada a financiar la problemática habitacional del sector de menores ingresos del país través de obras de urbanización, de infraestructura básica y de equipamientos comunitarios. Ha sido, desde entonces, una de las políticas más importantes para el desarrollo federal de viviendas.

Con el transcurso del tiempo, un sinnúmero de leyes y disposiciones reglamentarias posteriores han modificado la conformación de sus recursos, su régimen de aplicación y los órganos a cargo de su ejecución, lo que ha afectado la posibilidad de acceder de forma clara a cómo se aplican sus recursos y sus resultados.

Los registros oficiales disponibles sobre el tema están desactualizados y no reflejan con claridad la situación existente en materia habitacional, o lo hacen de manera indirecta o incidental a través del abordaje de otros temas, como la pobreza. Esto atenta contra la certeza que se requiere para la planificación y el diseño de políticas públicas en la materia, sobre todo desde el ámbito legislativo.

Como primera cuestión debemos recuperar el carácter de “exclusividad de los fondos y recursos”. El FONAVI ha perdido la exclusividad de sus fines destinados originalmente a financiar total o parcialmente la compra y/o construcción de viviendas, obras de urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento comunitario. Los sucesivos acuerdos y pactos fiscales le han otorgado a los órganos provinciales ejecutores un mayor margen de discrecionalidad para su uso, provocando así una desviación de sus objetivos. Esto trajo como consecuencia una permanente detracción de recursos de este fondo y su redireccionamiento hacia otros fines, impidiendo durante muchos años que se aplicaran a la construcción de viviendas.

Esta situación fue expuesta con detalle en el proyecto de ley de mi autoría Expediente Diputados: 2108-D-2017, en donde relevé la afectación que año tras año sufría este fondo. Recién en 2017, con la suscripción del “Consenso Fiscal 2017” aprobado mediante Ley 27.429, este problema fue abordado, y se incorporó expresamente entre los compromisos asumidos por las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las jurisdicciones debían Aplicar los recursos del FONAVI, a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esa ley, poniendo fin a la libre y discrecional aplicación de los recursos provenientes del FONAVI. La exclusividad del uso de los fondos fue ratificada luego por ley 27.467 de Presupuestos de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2019, y el consenso fiscal 2019, suscripto el 17 de diciembre de 2019 y aprobado mediante Ley 27.542. Sin embargo, el consenso fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por la gestión del presidente Alberto Fernández, aprobado por ley 27.687, volvió a quitar la exclusividad de los recursos del FONAVI.

A esto se suma que los informes realizados por la Dirección de Control de Gestión del FONAVI hoy no se encuentran disponibles o en condición de fácil accesibilidad, de manera que resulta difícil conocer qué obras se encuentran en ejecución por parte de las provincias con estos fondos.

Como segunda cuestión, el Fondo Nacional de la Vivienda se integra con los recursos correspondientes al porcentaje de la recaudación del impuesto sobre los combustibles que establece el inciso b) del artículo 19 de la Ley N° 23.966, que a partir de 2017, a través de la ley N° 27.430, se estableció en un valor fijo por cada litro de combustible y con la obligación de ajustar dicho importe trimestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización del valor de este impuesto, luego de varios años sin modificaciones, fue efectuada este año a través del decreto 107/2024 en el marco de un proceso de sinceramiento de precios de nuestra economía real, lo que produce un impacto directo en el aumento de la conformación de los recursos del FONAVI.

Como última cuestión, a la falta de información detallada disponible se añaden irregularidades y deficiencias detectadas respecto de la gestión y aplicación de fondos transferidos para vivienda por el Estado nacional a las provincias, y que han sido relevados por el Informe de auditoría de gestión del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Gestión y Aplicación de Fondos Transferidos para Vivienda - ACTUACIÓN 692/2018 – AGN, remitido al Ministro de Economía de la Nación en febrero de 2024, que pone en evidencia la necesidad de fortalecer el control sobre la distribución y aplicación de estos recursos por las jurisdicciones locales.

El FONAVI continúa siendo un fondo esencial para el desarrollo de viviendas en toda la Nación. En un escenario de creciente problemática, es mi intención recuperar la claridad en los destinos que las provincias les dan a estos recursos para poder llevar adelante un trabajo legislativo de rigor en materia habitacional y comenzar a saldar así una deuda estructural que la democracia aún no ha saldado, como es el problema habitacional de nuestro país.

(*) Diputada Nacional UCR - Córdoba