Piden que la portación de armas blancas sea un delito penal
El diputado nacional Juan Martín busca que se incorpore al Código Penal. Las penas previstas van desde los seis meses a los tres años de prisión y las multas, de los $50.000 a los $250.000. “Esta iniciativa apuesta a la prevención”, destacó.
El diputado nacional Juan Martín busca que se incorpore al Código Penal. Las penas previstas van desde los seis meses a los tres años de prisión y las multas, de los $50.000 a los $250.000. “Esta iniciativa apuesta a la prevención”, destacó.
Con la intención de que nadie pueda circular libremente con un arma blanca, el diputado nacional radical Juan Martín presentó una iniciativa que pretende tipificar su portación como un delito en el Código Penal.
“Queremos terminar con la impunidad de los delincuentes que pasean por la calle con un arma blanca, como una navaja o un cuchillo”, explicó el diputado a Espacio Radical.
Las sanciones para quienes lleven armas blancas u objetos cortantes o contundentes, “inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir” van desde los de 6 meses a los dos años de prisión. Además, contempla multas de $50.000 a $100.000. La misma pena corresponderá a quien le de acceso a estas armas a menores de 18 años.
Además, la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con entre uno y tres años de prisión de 1 a 3, y multas de $100.000 a $250.000.
“Esta iniciativa apuesta a la prevención. No queremos seguir lamentando víctimas y tampoco que el Estado siga mirando para otro lado”, agregó.
Actualmente, la portación de armas blancas no se encuentra tipificada como un delito en el Código Penal argentino, aunque hay agravantes en algunos supuestos como los delitos específicos que implican la utilización de armas blancas.
“En sí, la portación no se encuentra sancionada ni aunque se compruebe la intención inequívoca de delinquir. Esto lo diferencia de lo que sucede con las armas de fuego, que sí tienen una calificación penal cuando son portadas de manera irregular”, explicó Martín.
Para la elaboración del proyecto, tomaron ejemplos de otros países donde se establecieron acciones similares, como el Reino Unido y Canadá, y el modelo de Mendoza, que ya lo tipifica en su código contravencional.
El proyecto de ley contempla excepciones, como el caso de aquellas personas que desempeñan tareas con navajas, cuchillos, machetes y facas, entre otras, por su actividad laboral o profesional.
También solicita que se eleven las penas de los delitos cometidos con estos elementos. “Se trata de un agravante clarísimo y hoy, en términos normativos, no se lo reconoce así”, argumentó el diputado.
En 2020 se cometieron 2.416 homicidios en Argentina: el 58% de ellos fueron en la vía pública, y del total, en el 30% utilizaron un cuchillo o navaja.
“Queremos terminar con la impunidad y con esa puerta giratoria para los delincuentes que se pasean con un cuchillo por la calle, y que tanto critican nuestros vecinos y vecinas. Hay un vacío legal que debe subsanarse”, concluyó.
La iniciativa la acompañan más de treinta diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, entre quienes se encuentran Alfredo Cornejo, Pamela Verasay, Lidia Ascárate, Manuel Ignacio Aguirre y Lisandro Nieri.