La radical Soledad Carrizo busca, mediante la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, entre otras, adecuar el Convenio a la legislación argentina. “Es una obligación de nuestro país eliminar la violencia laboral”, precisó.

Con la ratificación del país del convenio 190 contra la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, se impone la adaptación de la legislación argentina para poder incorporarlo al sistema.

La diputada radical Soledad Carrizo impulsa la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, la ley de convenciones colectivas y el régimen laboral del sector público para garantizar ambientes laborales libres de violencia, conforme lo establece el Convenio 190 de la OIT.

“Esta es la primera norma de derecho internacional que introduce un nuevo derecho a un ambiente de trabajo libre de toda forma de violencia. Desde 2021, se volvió obligatorio y requiere ser integrado a nuestro derecho laboral”, precisó la diputada.

En 2021, Argentina adhirió al Convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral, asumiendo el compromiso de readecuar su ordenamiento jurídico para asegurar la protección y erradicación de toda forma de violencia laboral.

“Eliminar la violencia laboral es una obligación de nuestro país, una deuda de nuestro Congreso y un trabajo que debemos hacer en conjunto”, advirtió Carrizo.

Está iniciativa adapta los principios y directrices de este convenio al marco del derecho laboral argentino.

Además, establece un abordaje de la violencia laboral tanto preventivo como punitivo y reparatorio para todo vínculo laboral, incluyendo disposiciones específicas para relaciones de trabajo correspondientes al sector privado, y para relaciones de trabajo del ámbito público.

“Buscamos que exista una sinergia colaborativa entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales para eliminar la violencia del ámbito del trabajo y fortalecer la calidad humana”, expresó.

El diálogo con los propios actores del mundo del trabajo ha sido clave para identificar correctamente las problemáticas y desafíos vinculados a la violencia y el acoso laboral en Argentina.

Durante la redacción del proyecto, la diputada trabajó activamente con la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) y especialistas del ámbito sindical revisando el articulado y facilitando información sobre aspectos puntuales.

“Las organizaciones sindicales tienen no solo la experiencia en el tema y la inmediatez con los trabajadores, sino la capacidad de promover cambios, de generar las respuestas a estas problemáticas”, agregó Carrizo.

Cabe destacar que la Red Impuestos Control y Justicia (ICJ), conformada por miembros de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), AEFIP (impositivo) y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) tuvo un rol fundamental para su aprobación en la OIT.

En el marco de la RED ICJ se encuentran muchos militantes de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), que tuvieron una participación activa a la hora de pedir que Argentina adhiriera al convenio.