La iniciativa de la diputada Dolores Martinez propone reducir aportes patronales para quienes contraten personal una vez superado el periodo de prueba.

“Hay una crisis laboral que viene ya hace tiempo y se acentuó aún más por la pandemia y que requiere inmediata solución. Consideramos que es el Congreso Nacional el que debe actuar para dar solidez al sistema de empleo”, comentó la diputada nacional Dolores Martínez a Espacio Radical.

El objetivo principal de la iniciativa que presentó es fomentar la generación de empleo registrado como medio conducente para el desarrollo humano y el progreso económico de las personas.

A su vez, establece que las disposiciones del presente serán de aplicación a todas las relaciones de trabajo enumeradas en la Ley Nacional 20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo.

“Las medidas actuales que lleva adelante el Ejecutivo mediante decretos generan condiciones que solo representan sólo un parche a la situación del país”, explicó.

Otro eje al que apunta el texto se basa en el aumento del tiempo del período de prueba de tres a seis meses. “La relación laboral tiene la oportunidad de ampliar el conocimiento en ambos sentidos y de poder generar un vínculo sin la premura de los tres meses que se aplica en el plazo actual”, argumentó la diputada.

“Este hecho ayuda en la toma de decisión, afianza la relación laboral y permite la desvinculación con un tiempo que se considera prudente, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de trabajo que se dieron con motivo de la pandemia y el avance tecnológico de estos tiempos”, agregó.

Desde el inicio de la pandemia, la economía argentina cuenta con 790.000 asalariados menos, lo cual se traduce en un poco más de dos millones de desocupados.

Ajustando por la tasa de actividad promedio de 2017, actualmente la tasa de desempleo se ubicaría en el 10%. De acuerdo al INDEC, el 40,6% de los hogares se encuentra sumido en la pobreza y el 10,7% en la indigencia, lo cual pone en situación desesperante, al menos, al 51,3% de los hogares de la Argentina.

“La presión impositiva que deben soportar los contribuyentes de nuestro país es fuerte, y el costo de tener empleados en relación de dependencia no es ajeno a esa carga fiscal”, definió Martínez.

El proyecto propone beneficios para los empleadores que, una vez superado el período de prueba de seis meses, efectivicen a los empleados. En ese sentido, propone una reducción de las contribuciones patronales con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social: Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias; Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032 y sus modificatorias; Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y sus modificatorias; Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y sus modificatorias.

“Nada garantiza que no siga existiendo precarización laboral, pero se tiende a generar incentivos y beneficios que atenúen tanto los costos como los riesgos”, sentenció la legisladora

El proyecto es cofirmado por Martín Tetaz, Danya Tavela, Carla Carrizo, Victoria Tejeda, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Ántola, Fabio Quetglas y Gabriela Lena, entre otros.