Por Alejandro Einstoss (*)

La historia reciente de la economía energética es un claro ejemplo de lo erráticas que pueden ser de las políticas públicas en nuestro país.

La decisión de mantener congeladas tarifas de servicios públicos durante 16 de los últimos 20 años quebró económica y financieramente al sector energético, y tuvo consecuencias de enorme magnitud, que sobrepasaron la micro sectorial e impactaron en la macroeconomía.

El volumen de subsidios de los últimos 15 años fue de USD110.000 millones y explicó casi la totalidad del déficit fiscal de los últimos años. Al mismo tiempo, las importaciones de energía de la última década por USD32.000 mil millones pesaron fuerte en el balance comercial. Es decir, en la pésima política energética se puede encontrar la explicación de la perdida de los déficits gemelos y una de las causas más importantes de los déficits crónicos que estrangulan la economía y la hunden en la estanflación.

La nueva administración intenta retomar la hoja de ruta que dejó el gobierno de Macri, reduciendo subsidios, recomponiendo tarifas y realizando nuevamente las audiencias públicas que mandan los marcos regulatorios vigentes.

El desafío es mayúsculo y la complejidad de la operación tarifaria por delante no debería ser subestimada. En la actualidad, dos de cada tres familias pagan entre el 6% y 8% del costo de la energía que consumen, es decir, el subsidio del Estado supera el 90%.

Este enorme nivel de subsidio se focaliza en los hogares de ingresos medios y bajos, que experimentan una caída sostenida de salarios reales desde mediados 2017. Por lo tanto, el punto de partida de la actual administración es más desafiante que el que tuvo que enfrentar la dupla Macri-Aranguren a finales de 2015.

El gobierno comenzó la reducción de subsidios aumentando el precio de la energía eléctrica a todos los segmentos de la demanda: residenciales de altos ingresos (N1) y no residenciales, donde se concentran comercios, Pymes y algunos grandes usuarios, que pagarán la totalidad del costo energético. Sin embargo, los hogares del nivel 2 (bajos ingresos) y nivel 3 (ingresos medios) permanecerán con sus precios congelados hasta el 30 de abril.

Para avanzar de manera exitosa con la compleja recomposición de tarifas por delante será necesario un plan de focalización de subsidios bien calibrado, que permita una eficiente asignación de recursos, pero que al mismo tiempo minimice el margen de error en la identificación de las familias vulnerables, aun a riesgo de incurrir en errores de inclusión iniciales.

El Gobierno convocó a una audiencia pública para el 29 de abril con el objetivo de presentar el nuevo mecanismo de focalización de subsidios que reemplazará la actual segmentación. El esquema anunciado por el Secretario de Energía en audiencias públicas de enero prevé la identificación de los ingresos de cada grupo familiar, la determinación de canastas energéticas básicas por zona bioclimática y la clasificación de los usuarios por deciles de ingresos. Si el costo de la canasta básica de energía supera un determinado umbral en hogares vulnerables, la diferencia será cubierta por subsidios del Estado.

Si bien el esquema propuesto identifica de manera correcta los parámetros para una focalización perfecta, implica un enorme desafío de implementación, aun mayor a la actual segmentación. Quizás los desafíos más grandes pasen por el acceso y manejo de un enorme volumen de información y su posterior administración para la conformación de un padrón en permanente cambio.

Resulta medular la correcta identificación de la población vulnerable, siendo este punto el talón de Aquiles de cualquier proceso de focalización subsidios y una condición de primer orden para el éxito del programa tarifario.

(*) Integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi y miembro de la Fundación Alem.